¿Necesitas un perito Judicial? te esperamos.

Una paciente denunció a tres odontólogos y una clínica por una supuesta mala praxis, ya que, considera que le aplicaron un tratamiento obsoleto. Tras un largo proceso por los tribunales, finalmente, los tres especialistas fueron absueltos. En la primera instancia, dos de los tres profesionales fueron absueltos, mientras que el tercero fue condenado a un año de prisión, un año de inhabilitación en el ejercicio de su profesión y a pagar una indemnización de 50.000 euros a la mujer. El juez consideró que era culpable de un delito de lesiones por imprudencia grave profesional. Tanto el perito odontólogo de la acusación como el perito judicial concluyeron que se había cometido un error de planificación y a la impericia del profesional cuando aplicó el tratamiento. Sin embargo, no especificaron cuáles fueron las irregularidades. El profesional decidió recurrir la sentencia a segunda instancia. En la Audiencia su objetivo era demostrar que si bien el tratamiento odontológico no era el más actualizado, sí que estaba ajustado a la praxis normal. Además, en el recurso de apelación se atacó a los peritos tanto de la acusación como del forense. En el caso del primero se demostró que existía un conflicto de intereses porque había acordado con la paciente un tratamiento que superase los 40.000€, sin dudar que el seria el perito durante el proceso. En cuanto al perito forense se demostró que el informe pericial estaba plagado de errores y no se ajustaba a la realidad. Por su parte la clínica puso de relieve que ponía a disposición del cliente todos los recursos materiales y humanos. Además, presentó un acuerdo extrajudicial firmado por las dos partes en el cual la paciente renunciaba a todas las acciones civiles o penales. Además, de todos los peritos que participaron en el juicio, aparte del forense y el de acusación, se demostró que cualquier intervención de esa índole podía conllevar riesgos. Finalmente, la Audiencia falló a favor del dentista. E.n el Gabinete Pericial Gp-Grup, encontrará profesionales de experiencia contratada del sector de la medicina con servicios de peritajes odontólogicos expertos para elaborar informes periciales judiciales de máxima eficiencia y seguridad

Un escándalo dentro del mundo médico. El 16 de diciembre, el magistrado Diego Álvarez de Juan, del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus (Baix Camp), imputó a medio centenar de cirujanos y 20 hospitales dentro de una pieza del caso Innova que investiga las presuntas irregularidades, principalmente por la empresa de Reus Traiber, en la fabricación e implementación de prótesis tanto en rodillas como en caderas. Entre ellos se encuentra Miquel Vilardell, que fue presidente del Col·legi de Metges de Barcelona del 2010 al 2014. A raíz de la investigación también se ha imputado al fundador y propietario de Traiber, Luis Márquez, así como una docena de empleados de la compañía: dos ingenieros, personal de la oficina y operarios. Supuestamente, estos profesionales médicos cobraron comisiones ilegales por parte de Traiber como una forma de compensación por colocar sus prótesis. También, se pone de manifiesto que algunos de ellos inclusive presionaron a los órganos de contratación para que “se colocaran estas prótesis de manera indebida”. La lista de los presuntos delitos de estos profesionales es larga: prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, alteración del precio de los concursos y subastas públicas, delito societario, omisión del deber de perseguir delitos, fraude a la administración, estafa, corrupción a particulares, falsedad documental, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los médicos implicados en el caso ejercían la profesión en hospitales públicos o privados de las provincias de Tarragona, Gerona y Barcelona. Entre ellos están los principales centros médicos tarraconenses: Sant Joan de Reus, Joan XXIII y Santa Tecla, estos dos últimas en la capital de la provincia. Des del Gabinete Pericial Gp-Grup ofrecemos peritajes judiciales médicos en distintas especialidades para contrastar hechos en casos de negligencias médicas y delitos. Ofrecemos informes periciales profesionales.

Tratar de saber cuántas muertes se producen en España por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es misión imposible. Mientras en el Reino Unido se han llevado a cabo cinco investigaciones para esclarecer este escándalo, y en Estados Unidos se ha creado el Committee on Quality of Healthcare in America (según el cual cada año se producen en este país entre 48.000 y 98.000 fallecimientos por negligencias), en España no hay un registro o un recuento de estos sucesos. “Desde hace años venimos solicitando a las autoridades que se hagan auditorías y se diga la cantidad de muertes que se podrían haber evitado con una atención correcta”, denuncia Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente. “Lo ocurrido en Inglaterra es un acto de claridad.” Solo un 40% de los casos llegan a juicio. En España, la única aproximación que tenemos a estos datos es la memoria que cada año realiza esta asociación. Según la última de ellas, en 2012 fallecieron 692 personas por presunta negligencia médica; 89 más que en 2011. De acuerdo con sus datos: “Los casos más habituales se han producido por mala praxis: intervenciones mal realizadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias… Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios”. Según un estudio de ENEAS, el 42% de los casos denunciados de negligencia podrían evitarse Pero estos datos, por sí mismos, no son sino una burda aproximación a la realidad. Como indica Carmen Flores,: “Son solo lo que nos llega a nosotros, de forma que es una cantidad ridícula a tenor de lo que pueda suceder en cada hospital. Sin temor a equivocarme, te diría que hay más muertes por negligencias médico-sanitarias que por accidentes de tráfico”. Efectivamente, únicamente se recogen las denuncias presentadas en esta asociación; quedan fuera del recuento todas las que se han interpuesto por otras vías y, claro está, todas las que nunca han llegado a denunciarse: “De todas las reclamaciones que recibimos, solo un 40% llega a los tribunales. El resto no sigue adelante, bien por escasez de medios económicos, bien porque faltan muchos datos referentes a la historia clínica. Y no embarcamos a una persona en un litigio a menos que veamos que hay posibilidades reales de ganar”, explica Flores. En este punto se encuentran los familiares de Jesús R. S., de 63 años, que falleció hace unas semanas en Móstoles (Madrid). “Estuvo durante un año con hematuria (expulsando sangre por la orina) y en el hospital sólo le decían que tenía una piedra en el riñón. Fue un montón de veces a urgencias, hasta que al final diagnosticaron que tenía un cáncer de vejiga en fase 2; le quitaron la próstata y la vejiga, pero no le dieron ni quimioterapia ni radioterapia. Y cuando, poco después, comenzó a tener unos terribles dolores en la pierna, fue reiteradamente a urgencias, en donde le decían que era una hernia lumbar. Fuimos a otro médico, que hizo un informe explicando que tenían que ingresarle. Cuando le abrieron, vieron que tenía un cáncer que le estaba invadiendo, y en 10 días se murió”, relatan sus familiares. Estos han solicitado al hospital la historia clínica completa del paciente, y están a la espera de que se la entreguen para, así, estudiar las posibilidades de presentar una demanda. El secretismo hospitalario Conseguir la historia clínica es el primer paso. En este sentido, explica María Antonia Moral, presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias : “Sí se ha avanzado en los últimos años. Cuando mi hermana falleció, tuve que encerrarme en el hospital o meterme en el ministerio con una lata de gasolina, para conseguir que me dieran su historia. Ahora te la entregan en todas las comunidades; solo en Andalucía tienes que pedirla judicialmente”. Avinesa es una asociación fundada por personas afectadas por negligencias médicas, entre las que se encuentra Juana Ortega, la “madre coraje” que acampó durante un año en una plaza madrileña para pedir justicia tras la negligencia que dejó a su hijo en estado vegetativo. Después viene la dificultad de conseguir demostrar que, efectivamente, ha habido un error, un fallo de una persona o del propio sistema. “Te das contra un muro”, explica Matilde Fernández, cuyo hijo nació muerto después de que ella fuera en dos ocasiones a urgencias porque se encontraba mal: “Cuando finalmente me hicieron caso, ya no había latido. Pero ahora hay que demostrar que hay una relación de causalidad entre la muerte de mi hijo y el retraso en la atención”. Un 70% de los médicos actúan por miedo a las reclamaciones. Por eso realizan multitud de pruebas “Desde 1997 no llevo otros casos que los de negligencias médicas”, señala el abogado Rafael Martín Bueno. “Y en todos estos años, todavía no he visto un jefe de servicio que haya hecho un informe diciendo que alguien de su equipo lo haya hecho mal. Nunca. Los hospitales tienen una comisión de mortalidad que investiga las muertes y dirime si ha habido o no una negligencia. Pero nunca trasciende”. Muy distinta es la situación en EEUU. Allí, un informe realizado en 1998 por el Institute of Medicine, y que se titulaba Errar es humano, llevó al Gobierno norteamericano a la creación de un comité en el que colaboran destacadas figuras de la política, de la administración sanitaria y de sociedades científicas, y que ha destapado que una cuarta parte de los pacientes ingresados sufre algún tipo de negligencia médica. Asimismo, un estudio de la Universidad de Harvard ha estimado que el número de fallecidos por negligencias médicas equivaldría a que se estrellaran tres jumbos cada dos días y murieran todos sus ocupantes. La práctica de la medicina defensiva En España, a falta de ese observatorio, contamos con el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (Estudio ENEAS), realizado en 2005 y dirigido por Jesús Aranaz, del departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De acuerdo con este estudio, la incidencia de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en nuestros hospitales es del 9,3%, similar a la de otros países europeos. Y casi la mitad de estos efectos adversos (el 42,8%) podrían ser evitables. En este sentido, la doctora Mónica Lalanda, en su artículo Error médico. De hombres, avestruces y asnos, tras señalar que la mitad de los errores médicos son evitables, expone que: “Para crear estrategias contra el riesgo de errores, primero hay que identificarlos. Desafortunadamente, el sistema sanitario español continúa en su mayoría anclado en la era arcaica del corporativismo. Los errores se cometen, pero se tapan. No se facilita al sanitario un ámbito en el que pueda reconocer su error sin miedo a la represalia”. Pero también señala que “el paciente español ha dejado de tolerar actitudes paternalistas”, lo que ha propiciado que las demandas por errores médicos se hayan cuadruplicado en la última década. Así, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña y autor de Responsabilidad civil del médico y responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, señala que: “Cada año hay 100.000 nuevas contiendas sobre negligencias médicas que se tienen que dirimir en los juzgados”. Esto estaría llevando, continúa: “A que un 70% de médicos y enfermeras practiquen la medicina defensiva. No tomar decisiones de riesgo por miedo a las reclamaciones, sometiendo al paciente a multitud de pruebas para que no queden cabos sueltos”, explica Janeiro. Aun así, señala el abogado Martín Bueno: “El nivel de los médicos españoles es bueno. Desde mi experiencia, las negligencias médicas rara vez se dan por falta de capacitación; casi siempre se deben a descuidos”. El problema, argumenta la presidenta de Avinesa, es que: “Las negligencias se ocultan, lo que lleva a que los errores se vayan repitiendo. Si ha habido un fallo, lo primero debería ser comunicarlo, tanto a la dirección del hospital como a los familiares, o al propio paciente si no ha fallecido. Decirlo, disculparse y acudir al seguro de responsabilidad civil, aunque, cuando hay una muerte, a las víctimas no nos interesa la indemnización, sino saber la verdad”. Con respecto a las indemnizaciones, Martín Bueno se pregunta: “¿A quién beneficia que desde los hospitales nunca se reconozca culpa alguna? A la compañía aseguradora. Si ha habido un error, ¿no es más lógico admitirlo? La demanda no va contra el médico, sino contra el servicio de salud, y eso permitiría que quien ha sufrido una negligencia tenga una indemnización, mientras que ocultándolo quienes se benefician son los accionistas de la aseguradora”. Los errores cuestan caros Cada vez se interponen más demandas judiciales por negligencias médicas. Estos son unos ejemplos de las condenas que imponen los tribunales: Una trombosis de 30.000 € La Consejería de Sanidad valenciana fue condenada a pagar dicha cantidad a la familia de una paciente ya fallecida que perdió una de sus piernas después de que en el hospital La Fe de Valencia no le detectaran una trombosis. 95.000 € El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Consejería de Sanidad a pagar 95.000 euros a J.A.P.H., un paciente que perdió los dedos de los pies por un error de diagnóstico. El hospital no detectó a tiempo la neumonía que sufría y este retraso provocó la amputación. 4 años de inhabilitación y un año y medio de prisión para un cirujano del Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, por la muerte de un paciente tras una negligencia en operación de reducción de estómago. El médico, condenado por un delito de homicidio imprudente, también deberá pagar 161.116,17 euros a la viuda del fallecido. 892.827 € Esta indemnización la dictó en 2002 un juzgado de Barcelona por un caso de infección hospitalaria en una clínica privada. El paciente contrajo una terrible infección bacteriana tras una intervención de hernia discal y no fue detectada ni diagnosticada hasta nueve días después. 30.000 € La Comunidad de Madrid fue condenada a pagarlos a una mujer que tenía un carcinoma en un pecho, y a la que se le aplicó un tratamiento erróneo consistente en cremas que al final tuvo que ser atajado con una maste.

¿Hubo financiación ilegal de CCOO-A? Eso es lo que tratan de averiguar los peritos judiciales de la Junta de Andalucía. De momento, según un comunicado del sindicato, estos peritos economistas no han determinando ninguna financiación ilegal de CCOO-A  y mantiene que “no han contrastado las actuaciones y la información entregada”. Estos han sido los argumentos que presentó esta organización sindical después que los interventores de la Junta de Andalucía ratificaran ante un juez que hubo un descontrol en las subvenciones de este sindicato, pero CCOO-A ha puesto de manifiesto que en este período, de 2006-2010, es cuando se ha reducido más la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma. Además la organización sindical resaltó que estas subvenciones las aprueba cada año el Parlamento andaluz y no se otorgan para un fin concreto. Añade que la Junta de Andalucía vio y autorizó el documento en el cual se justifica donde se iban a destinar cada una de las subvenciones concedidas. “Los peritos no han contrastado las actuaciones y documentación entregada, al contrario de lo que hicieron los que en su día estaban en la intervención”, destaca el sindicato en el comunicado. Los peritos economistas realizaron informes del 2009 en el cual se determinó las ayudas para la salud laboral y la sensibilización concedidas a CCOO-A. El sindicato presentó sus alegaciones por escrito. El juez ha pedido que se amplíen los informes peritales al 2006, 2007, 2008 y 2010. El juicio sigue en marcha y a la espera que determinen los documentos de los peritos.

Es posible que seas un cibercriminal y no lo sepas. Actividades tan comunes de la vida cotidiana como descargarnos música o películas, así como compartirla constituyen un delito criminal, pues estamos compartiendo y distribuyendo material protegido. ¿Pero a que otros crímenes informáticos podemos incurrir en nuestra vida diaria? Pues una cosa tan común como hacerse pasar por otro en una red social o chats para gastar una broma a alguien o suplantar la identidad de otro supone un delito. Tampoco es legal espiar el móvil o entrar en las redes sociales de nuestra pareja u otra persona sin su consentimiento. Esto puede conllevar hasta un año de prisión. Así pues, mirar el WhatsApp, el mail o el correo de Facebook para intentar descubrir una supuesta infidelidad o mentira es ilegal. Otro delito relacionado con tu pareja que puede suponer multas o penas de cárcel es el de grabarla siéndote infiel o guardar imágenes íntimas suyas o sexuales sin su consentimiento. Las personas también deben de guardar bien los secretos de sus amigos, pues desvelarlos en una red social o por mensaje así como algún hecho íntimo sin su consentimiento supone un delito. Por tanto, no tan solo se considera un hecho delictivo desvelar un secreto de empresa o político, sino también el personal. En lo referente a las relaciones personales, también es delito amenazar o insultar a una persona en una red social sea tanto un amigo o persona conocida como un político, artista o personaje público. Una de las batallas más subjetivas es respecto a los delitos de acoso sexual. Las personas deben de ir con mucho cuidado que mensajes escriben, porque lo que para unos puede ser un arrebato de amor o intentar conquistar a alguien, para el otro es un delito de acoso sexual. Pero más allá de estos crímenes que podemos incurrir por desconocimiento, hay otros que podemos hacerlos sin darnos cuenta y que son realmente graves. Esto puede ser descargar material en Internet y que, sin saberlo, dentro haya un contenido pedófilo o ilegal y, encima, lo distribuyamos. En estos casos, es importante la labor de un perito informático que demuestre que nosotros no hemos mirado esas imágenes o que las hemos descargado sin darnos cuenta. En cualquier caso, Internet es un mundo amplio y extenso, en el que tenemos que ser precavidos y andarnos con ojo ante cualquier situación para evitar ponernos en problemas.

Por desgracia la violencia doméstica también ha llegado a las nuevas tecnologías. En Almería, por ejemplo, el Penal número cuatro condenó recientemente a un vecino de la localidad a un año y medio de cárcel por utilizar un trozo de una canción de Estopa en su estado de WhatsApp para amenazar a su mujer: “hay pistolas que descargadas se me disparan, jajaja… ya verás”. Este mensaje iba acompañado con la foto de una pistola. El acusado, que ya había sido condenado en Alicante por delitos de lesiones y amenazas, no se podía comunicarse con ella hasta octubre del 2017 pero no era la primera vez que utilizaba las nuevas tecnologías para amedrentar a su mujer. El 9 de noviembre del 2014, cuando estaban en trámites de divorcio, colocó en su foto de perfil de WhatsApp la imagen de la nueva casa de la mujer, que ella había guardado en secreto, con el siguiente estado: “ya casi encontrando casa para mis nenes y mi chica. Pitas pitas 7gallinas, jajaja”. Una semana más tarde, llamó a la mujer desde un teléfono fijo, ella colgó y volvió a llamarla. Entonces dejó un mensaje de voz para su suegra en el que le exigía que le pidiera a su hija que firmara un divorcio de mutuo acuerdo. Así terminaba el mensaje: “Dile a esa yo me entero de todo… así que tenga mucho cuidadito, no vaya a ser que le caiga un ladrillo o cualquier cosa pasando por debajo de una obra. Las malas personas es lo que tienen, que tienen mala suerte…“. Después, publicó en WhatsApp la foto de la pistola con la canción de Estopa. Además, de la pena de prisión no podrá comunicarse con su mujer ni acercarse a menos de  200 metros. En estos casos,peritos sociales pueden ayudar a detectar si ha habido casos de violencia de género.

Ha tenido que esperar 17 años para tener justicia, pero la espera ha valido la pena. Un médico de la Comunidad valenciana deberá pagar 180.000 euros por haberle operado mal una rodilla. Los hechos se remontan al 26 de marzo de 1998 cuando la paciente, en ese entonces de 13 años, se cayó por las escaleras de su centro escolar. El médico que la evaluó vio que la menor tenía el menisco fracturado, por lo que el 15 de mayo se le practicó una meniscectomía para extirpárselo. Sin embargo esto le desencadenó a la joven una artrosis precoz y, consecuentemente, un dolor y una limitación funcional. Esto propició que la menor fuera sometida a cinco intervenciones quirúrgicas, así como a un tratamiento médico y farmacológico continuado. De hecho, la situación de la mujer es tan grave que hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le otorgó la incapacidad permanente. La Asociación el Defensor del Paciente consideró que se trataba de un caso de malas praxis y, por eso, le derivó a un abogado. Ahora, por fin, se ha puesto punto y final al sufrimiento de la mujer. A raíz de un acuerdo entre el médico y la paciente, homologado por el juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante, la mujer recibirá 180.000 euros. Este caso es una muestra de que las malas praxis médicas se pagan y se pagan caras tanto para el paciente como el médico. Gp-Grup como gabinete pericial experto en casos de mala praxis, ofrece los servicios de peritajes médicos judiciales para gestionar cualquier situación parecida, sobre todo para elaborar informes judiciales.

Hay personas que un tribunal médico les ha declarado que tiene una incapacidad. ¿Pero qué es eso? Pues bien, una incapacidad es una alteración de la salud que impide a una persona desarrollar una actividad profesional. Las incapacidades pueden ser: Permanente parcial: el trabajador tiene una alteración de la salud que, pese que puede desarrollar las funciones principales de su trabajo, tiene una disminución de su rendimiento de un 33% o superior. Permanente total: el trabajador padece unas secuelas permanentes que lo inhabilita totalmente de sus funciones o actividad habitual. Permanente absoluta: la persona tiene un tipo de enfermedad o secuelas permanentes que le imposibilitan desarrollar cualquier actividad profesional. Gran invalidez: que además que la persona ha perdido sus capacidades para trabajar tiene pérdidas anatómicas o funcionales que le provocan grandes alteraciones mentales o psíquicas y, por eso, requiere de la asistencia de otra persona para desempeñar funciones vitales como comer, bañarse, vestirse, moverse o desplazarse. Para poder optar algún tipo de estas incapacidades, el afectado requiere de un perito médico que evalúe su situación, condiciones y capacidades de desarrollar una actividad profesional. Con este informe deberá acudir a un tribunal médico que es el que deberá de resolver sobre su situación. En el caso que se le denieguen la incapacidad o no esté de acuerdo con la calificación obtenida, tendrá un período de 30 días hábiles para recurrir. Para demostrar que usted se merece la incapacidad, deje que un buen perito médico haga el trabajo por usted.

A las personas que padecen Alzheimer la última cosa que se les olvida es la firma. En muchas ocasiones se han olvidado prácticamente de escribir un texto, pero la firma es esa esencia de la persona que pervive. Esto es así porque en los casos de Alzheimer, normalmente, lo primero que olvidamos son los últimos conocimientos que hemos adquirido, mientras que los primeros perduran más tiempo, según estudios médicos. Además, otra de las principales características es que normalmente el nombre propio está mejor diseñado que el del primer apellido y éste a su vez está mejor que el segundo apellido. Esto se debe a que el nombre propio es el que más utilizamos, escuchamos y escribimos desde que tenemos uso de razón. Por otro lado, el grafismo de la firma es algo que utilizamos prácticamente casi toda nuestra vida, por lo que es muy difícil que se deteriore o se olvide. Sin embargo, la realidad es que, la firma de personas con edad avanzada se puede ver perjudicada por otras patologías o enfermedades como pueden ser afectaciones en el sistema nervioso o en la vista, temblores o artrosis, entre otras. En este contexto, es muy importante que un perito caligráfico preste atención a la firma de las personas con edad avanzada para que pueda averiguar si, realmente, tiene una enfermedad cognitiva o más bien padece de cualquier otra patología que puede surgir en la vejez.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba a un médico de urgencias por omisión del deber de socorro a un accidentado que se encontraba frente a la puerta del hospital donde estaba de guardia. Este tipo de casos es muy habitual que nos consulten. Peritos Médicos. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un médico de urgencias que no atendió a un enfermo frente a la puerta del hospital donde estaba de guardia y le impone pagar una indemnización de 100.000 euros a la familia del paciente que falleció en la calle de una parada cardíaca. La Sala de lo Penal desestima así el recurso de casación interpuesto por el facultativo y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, adelantada por EXPANSIÓN, que también condenó al médico por un delito de omisión del deber de socorro al pago de una multa de 2.880 euros e in-habilitación especial para el ejercicio de su profesión durante seis meses. Fue una pericial dura. Según los hechos probados, a la una de la madrugada del 12 de febrero de 2008, la víctima empezó a sentirse mal en su casa y decidió acercarse conduciendo su propio vehículo al hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real), acompañado de su esposa, que estaba en avanzado estado de gestación. Durante el trayecto, se desvaneció y perdió el conocimiento, colisionando con otro vehículo que estaba estacionado frente a la puerta principal del citado hospital. La Guardia Civil, y más tarde la Policía Local, se acercó al servicio de urgencias, solicitando asistencia médica, pero el médico se negó a salir del hospital, alegando que no podía abandonar el recinto para atender a nadie y que debían avisar al servicio de emergencias del 112. Los agentes le ofrecieron la posibilidad de llevarle en su vehículo oficial al lugar donde estaba el paciente, pero el condenado volvió a negarse, basándose en los mismos motivos, aunque llamó al 112, desde donde le sugirieron la conveniencia de salir del hospital para la valoración del paciente. Una UVI móvil se trasladó a las 2:31 horas hasta la calle que está enfrente de la puerta principal del hospital, donde el médico de dicha Unidad atendió al paciente, que falleció sobre las 3:00 horas de una parada cardiaca. La Sala de lo Penal rechaza los argumentos del médico que alegó en su recurso que no podía salir del hospital al estar de guardia, que tenía entre 15 y 18 pacientes en observación y que él no denegó la asistencia al paciente porque llamó al 112. También afirmó que cuando le avisaron, la víctima ya había fallecido y que, por tanto, no cabría indemnización por daños morales al no haber una relación de causalidad entre la asistencia omitida y el fatal desenlace. Sobre este extremo, la sentencia señala que “persiste la duda sobre si hubiera sido eficaz la asistencia sanitaria omitida”, lo que determina la adecuación de una indemnización. La sentencia destaca que ante una persona desamparada y en peligro manifiesto, situación que fue notificada por los agentes de la Guardia Civil, el médico que atendía el servicio de urgencias se negó a salir del hospital sin que existieran riesgos propios o de tercero, pues meramente indicó que no podía salir del hospital, en alusión a su deber administrativo de permanecer en las dependencias del servicio de guardia. El médico también basó su recurso en que no estaba obligado a prestar la asistencia requerida fuera del hospital, de acuerdo con el decreto que regula las funciones de los médicos de guardia. En este sentido, la sentencia indica que la obligación de prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio de urgencias del hospital, con los medios disponibles a su alcance, colaborando con el resto de los servicios hospitalarios en la atención de la urgencia, “no permiten excluir a quien se encuentra a pie de hospital, frente a la puerta principal”. En este caso la víctima, según la sentencia, se encontraba en la calzada, a pie del hospital, en la puerta principal y aunque es cierto que la puerta estaba cerrada, el servicio de urgencias contaba con celadores que podían trasladarlo y con un médico adjunto que podía supervisar el traslado o bien permanecer en las urgencias, mientras el condenado atendía el traslado.